Política Simbólica

El Gobierno de la Presidenta Bachelet está enfrentando una dura prueba por los numerosos casos de corrupción que han salido a la luz pública, ella ha pedido a los Partidos que pongan mano dura ante los hechos de corrupción, que estén atentos a las resoluciones de las fiscalías y los riesgos que están corriendo parlamentarios. La Presidenta está demandando que los Partidos tomemos esta responsabilidad en nuestras manos, adoptando las precauciones inmediatas que nos permita anticipar los hechos, que asumamos una actitud ética radical y podemos suponer que abordemos la corrupción desde lo que le da origen.

Un nuevo paso se está dando en Chile para el desprestigio de la Política y de la Democracia, está vez en forma simultanea aparecen comprometidos programas de empleo en la Administración Regional y programa de financiamiento de actividades deportivas en Chile Deportes, podemos suponer que estos proceso solo han empezado y no sabemos si irregularidades similares serán descubiertas en otros lugares.

Ayer, por las negociaciones, las miradas liberales y las razones de Estado, no pusimos en el centro de la discusión los escandalosos robos de la dictadura, empresas enteras, deudas subordinadas, raterismo de marca mayor, como la hecha por Pinochet, (bien podrían haberse develado lo de Riggs, lo del tráfico de armas y algunos asesinatos con la investigación de los Pino cheques), pero en fin, todo eso esta quedando en el pasado, la historia que hoy se escribe habla de que en la concertación hay abundante corrupción y que nuestros liderazgos parlamentarios más mediáticos empiezan a caer en el descrédito.

Pero la crisis es más severa aún, porque esta vez una víctima política poderosa de entre nosotros mismos, el senador Flores, se rebeló a las prácticas que rodean, explican y provocan la corrupción: El deseo de reproducir el poder de algunos grupos e individuos recurriendo a cualquier mecanismo.

Estos casos presentan vínculos que les son comunes: Funcionarios de Gobierno- parlamentarios-grupos de poder intrapartidarios. Estas coincidencias insinúan que estos hechos no son aislados, ni afectan a un solo Partido, ni empezaron a ocurrir por primera vez. El escenario da cuenta de un Sistema Político que fuera diseñado por la dictadura y corregido parcialmente en democracia que está haciendo agua por todos lados.

El Soporte Constitucional y legal que construyera la dictadura ha sido la trinchera desde la cual la derecha ha impedido la profundización de la democracia. Muchos cambios que eran indispensables no se realizaron oportunamente por la presencia de Pinochet y de sus senadores designados. Cuanto nos ha hecho pagar en la educación, en la previsión, en la recuperación de derechos laborales, cuanto retraso en justicia y Derechos Humanos.

Hoy la perversa legislación electoral binominal nos hace pagar la cuenta con la desnaturalización de la política que impide la renovación de la representación política y ciudadana y que presiona a delegar en cúpulas omnipotentes la construcción de los acuerdos y que obliga a los ciudadanos a optar siempre por uno de los dos bloques y ha sentir la real sensación de que no existe participación ni democracia en la política.

Este sistema político ha dado origen a un modelo extremadamente cupular, que surge como necesario por la ley electoral y que se complementa con el montaje de máquina de operadores, condicionados a la voluntad individual de liderazgos, las mayoría de ellos hoy parlamentarios, quienes controlan además de su poder parlamentario el de la administración gubernamental regional o local.

Si quien fiscaliza al gobierno nacional regional y local, ha influido en forma determinante en los nombramientos de las autoridades locales, difícilmente ejercerá su rol de manera adecuada y es muy posible que tienda a instrumentalizarlos para incrementar y reproducir su poder, igual fenómeno sucede con la estructura partidaria, sobretodo si esta no tiene autoridad para decidir si el parlamentario puede ser o no candidato en el futuro. Resultado obvio es la falta total de transparencia. Si además quién opera desde los partidos para asegurar el triunfo electoral es retribuido con algún nombramiento en el aparato del estado, irrumpe entonces el clientelismo y como las más de las veces los operadores no tienen el mérito suficiente para cargos de responsabilidad, pero si la voluntad de seguir colaborando con quién los apoyó en el nombramiento, entonces tenemos los ingredientes básicos para que irrumpa la corrupción.

Es que este proceso se da únicamente en el PPD?...Este círculo vicioso de reproducción antidemocrática del poder se da en todos los Partidos y promueve las conductas autoritarias, con resultados de corrupción en diversas formas, económicas, morales e incluso con características conductuales, primero sectarias y luego mafiosas. En el PS. También vivimos esta forma de hacer política, incluso hoy nos parece natural que la institucionalidad termine hipócritamente siendo solo el ropaje de estas lógicas perversas.

¿Es que no observamos cerca nuestro que en la mitad de las Municipalidades cuyos Alcaldes son socialistas están siendo acusados de distintas y graves irregularidades en Santiago? Por ejemplo.

¿Es que no hemos notado que operadores de nuestros parlamentarios están siendo acusados directa o indirectamente?

¿Es que no sabemos la poca seriedad con que candidatos a parlamentarios nuestros han justificado sus gastos electorales?

¿Acaso no es efectivo que en los nombramientos nacionales y regionales en este Gobierno solo fueron considerados los operadores y otros socialistas del sector que ganó con el 48% las elecciones internas?

¿Acaso alguien pone en duda que los nombramientos en regiones de cargos políticos de gobierno en lo que se refiere a la opinión del Partido Socialista quedaron en manos de nuestros parlamentarios más que nunca?

Este fenómeno del que hoy somos protagonistas y mañana seremos víctimas, está teniendo un efecto tremendamente peligroso, porque cuestiona la expresión política de la democracia y la democracia misma.

Para dos tercios de la opinión pública, para el ciudadano común se instalan las siguientes percepciones:

a.-Que la corrupción está desatada
b.-Que es responsabilidad de los Políticos y los Partidos.
c.-Que entre los políticos los principales responsables son los parlamentarios.

Bajo esta realidad la forma como debemos asumir estos problemas debe superar la declamación y la cosmética y debe ir mucho más allá que solo aplaudir cómodamente las medidas y argumentos con que se defiende la Presidenta.

a.-Debemos convocar a una democratización de la política cambiando el régimen binominal.
b.-Mejorar las leyes de financiamiento de partidos y Campañas electorales.
c.-Impidiendo por ley la elección indefinida de Senadores, Diputados, Alcaldes y todo los representantes ciudadanos.
d.-Democratizando y descentralizando la elección de candidatos al interior de los Partidos.

Debemos reforzar la institucionalidad partidaria, la autonomía y rol de los organismos internos, impidiendo que las grandes resoluciones políticas legislativas sean asumidas individualmente o por grupos de poder, sin escuchar a los organismos colectivos partidarios, como también respetar procesos institucionales de designación de potenciales autoridades del gobierno central o local para terminar con los Botines de guerra que abren las puertas a la mediocridad y la corrupción.

Debemos igualmente poner el acento en el control internos, en el castigo implacable de la corrupción de quienes la ejecutan y quienes de ella se benefician.
Los Tribunales Supremos deben componerlos militantes probos que no tengan ni ellos ni sus más cercanos vínculo alguno con la corrupción, el tráfico de influencias y con el financiamiento y los negocios vinculados a la política.
Quienes resulten condenados en actos de corrupción en el estado no podemos aceptar su reingreso a la política como representantes de los socialistas y
Todos estos procesos y decisiones deben ser manejados públicamente con la discreción y respeto que todos se merecen, pero sin que sean los Partidos que reaccionan solo después de públicas interpelaciones.
Y Como Complemento propondremos las siguientes acciones complementarias:


1. Nadie puede garantizar que entre centenares de miles de funcionarios y miles de directivos no se produzcan actos de corrupción. Justamente por ello proponemos que el gobierno refuerce la auditoria interna en cada ministerio y servicio para prevenir la corrupción y castigar con dureza a los que se aparten de las normas públicas.

2. Todo socialista debe observar con celo las normas de probidad. Ningún socialista debe jamás favorecer intereses particulares en la función pública y menos apropiarse de recursos que son de todos. Cualquier investigación administrativa o judicial que afecte a un militante por estas causales debe implicar la inmediata suspensión temporal de la militancia, respetando la presunción de inocencia. De confirmarse un delito, el Tribunal Supremo debe proceder a la expulsión del militante involucrado, de acuerdo a las normas existentes. De establecerse judicialmente la inocencia, corresponderá la reposición de los plenos derechos y de la honra militante.

3. Proponemos combatir el clientelismo con más normas objetivas y más transparencia Se debe terminar con la asignación discrecional de recursos (sin reglas de asignación, sin concursos, sin decisiones colegiadas, sin rendición de cuentas, sin expresión de causa) y vigilar con más celo las licitaciones, las compras públicas, las autorizaciones de actividad, las fijaciones tarifarías. El mejor remedio es que muchos ojos miren la actividad pública. Proponemos que se establezcan comités de usuarios en los principales servicios públicos para velar por la transparencia y corrección en el uso de los recursos, además de reforzar el control de legalidad.

4. Para asegurar una creciente profesionalización de la administración pública nacional, regional y municipal propondremos cambios legales para que el acceso a ella se realice mediante concursos objetivos y anónimos basados en el mérito, se restrinja fuertemente los necesarios cargos de confianza, pues muchos de los existentes no tienen justificación cuando se trata de tareas técnicas en que debe prevalecer la competencia profesional, y asegurar la promoción mediante evaluación del desempeño, restringiendo los puestos a contrata y honorarios sólo al mínimo necesario para el buen funcionamiento de los servicios.

5. Debe prohibirse el aporte de las empresas a las campañas o a la actividad política. Hoy esto es hoy legal y tiene rebajas tributarias, lo que no es aceptable. Debe fortalecerse el tope legal de gastos en las campañas. El incumplimiento de estas normas debe llevar a la pérdida inmediata del cargo de representación popular que se ejerce y a fuertes multas para las empresas que intervengan la política con el dinero.

6. La próxima reunión de Comité Central debe aprobar un Código de Ética Socialista a ser elaborado por la Comisión Política.